El gobierno de los Estados Unidos pidió a la corte federal convocar a una audiencia de pruebas para demostrar la legalidad de las evidencias que sostienen la acusación contra Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencia de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro.
Por Maibort Petit | @maibortpetit
El gobierno norteamericano sostiene, a través de un memorando sometido a la corte este 22 de julio, que se opone a la moción de las pruebas solicitadas por la defensa de los acusados, entre las que destacan:1)Eliminación de las declaraciones después del arresto; 2)Eliminación de las imágenes, videos, y otras pruebas que muestran la manipulación de un ladrillo de cocaína por parte de los acusados y que los abogados dicen que el gobierno expolió; 3)Al proyecto de ley de particulares que obligaría a la fiscalía a revelar la identidad de los informantes confidenciales que produjeron los materiales de la acusación.
El informe, firmado por el fiscal Preet Bharara, dice que la defensa repite afirmaciones inexactas de un funcionario público venezolano (Cilia Flores) tras la detención de los acusados, señalando que los dos imputados fueron secuestrados. «La petición de los acusados para suprimir sus confesiones se inicia desde una defectuosa primicia de que fueron secuestrados en Haití y proceden con una demanda sin mérito de que fueron obligados posteriormente por agentes de la DEA hacer declaraciones donde se violan sus derechos.»
El Gobierno -dice el informe- solicita respetuosamente una audiencia de prueba a la que se pueda refutar y desmentir esas afirmaciones. La fiscalía establecerá en dicha audiencia que los acusados fueron detenidos en Haití por los agentes de la ley extranjeros que se identificaron al momento del arresto. Los acusados fueron expulsados por el gobierno de Haití y detenido por la DEA, y transportados rápidamente a este distrito en el que se presentaron en el cargo pendientes por comisión de delitos.
Más acusaciones
Asimismo en el informe el fiscal Bharara dice que durante el vuelo de Haití a los Estados Unidos, los acusados confesaron haber participado en la conspiración para importar a los Estados Unidos un cargamento de cocaína. Esta confesión se hizo sin coacción y sólo después que los acusados renunciaron a sus derechos Miranda a sabiendas, voluntaria e inteligentemente, y por escrito.
En segundo lugar, -prosigue- los restantes movimientos de los acusados son intentos transparentes del jefe de un gobierno para obtener una previsualización indebida de caso en el juicio a través de solicitudes para que se haga en el descubrimiento elementos a los que no tienen derecho, como por ejemplo, la identificación precoz de los testigos del gobierno y preventivas revelaciones, y el interrogatorio de los testigos potenciales que se usarían en el juicio. Este elemento es innecesario para las audiencias.
El informe señala que el caso de los sobrinos de Cilia Flores es un caso típico y sencillo de tráfico de drogas basado en un delito de conspiración que se alega que ha durado aproximadamente dos meses. El Gobierno es consciente, en cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Artículo 16,Giglio, y Brady.
Bharara asegura que el gobierno reveló, durante la etapa de descubrimiento, informaciones detalladas del caso, proyecto de traducciones, declaraciones juradas de órdenes de registro y otro tipo de informaciones que van más allá de los requisitos de la Regla 16, con lo cual se le ofrece a los acusados información suficiente para prepararse para el juicio y evitar la sorpresa injusta.
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