La ciudadana colombiana Érica Moncada fue detenida el 19 de agosto de 2015 en Táchira, cerca de la frontera de Venezuela con Colombia, por efectivos militares venezolanos durante la “Operación para la Liberación del Pueblo”.
Ese día, integrantes de dicho operativo habrían sido atacados con armas de fuego por sujetos vinculados al contrabando, pero oficialmente las autoridades venezolanas les calificaron de “paramilitares”, cerrando la frontera hasta los actuales momentos.
Érica es acusada de “cooperadora en la comisión del delito de ataque al centinela”, por mantener una relación sentimental con el padre de su hija, Carlos Andrés Arango, señalado como autor material del ataque por el testimonio anónimo de un denominado “patriota cooperante”. Desde entonces, se encuentra detenida sin orden judicial, en condiciones de aislamiento de su familia y de sus abogados, a la espera de un juicio ante un tribunal militar.
Según su abogada, Érika Moncada ha sido asfixiada con bolsas plásticas para obtener “confesiones”. Como resultado se habría desmayado, hecho que sus celadores habrían aprovechado para violarla. Igualmente, debido a la
golpiza que le habrían propinado, se le habría desprendido una prótesis mamaria, lo que le estaría causando dolores insoportables, y le habrían aplicado electricidad en los senos.
En los 45 primeros días de su detención, Érica Moncada habría estado recluida en un cuarto de castigo sin razón alguna, en oscuridad absoluta, situación que la habría llevado a tener ataques de pánico constantes y una fuerte depresión. Al no tener dónde asearse ni hacer sus necesidades, padece una dermatitis visible y una infección vaginal, que aún no han sido atendidas por personal médico a pesar de que la jueza lo ordenara.
Aun cuando estos hechos han sido denunciados ante el Ministerio Público, los Fiscales de Derechos Fundamentales nada han avanzado en la investigación.
Su cuñada, único apoyo familiar, habría recibido amenazas a su vida y tuvo que salir de Venezuela y residenciarse en Colombia.
Érica Moncada es una civil y por tanto debe ser juzgada ante un tribunal penal ordinario, no militar, y todas sus denuncias de torturas, malos tratos y agresiones sexuales deben investigarse de forma independiente, exhaustiva e inmediata. Los juicios de personas civiles ante tribunales militares constituyen una violación del derecho a un juicio justo.
Amnistía Internacional está profundamente preocupada por las denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos que se han producido en la zona fronteriza con Colombia por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas.
En menos de cinco días, en agosto de 2015, se habrían deportado a al menos 1.000 personas a Colombia, de acuerdo a declaraciones del gobernador del Estado Táchira. Se han denunciado maltratos, desalojos forzosos, separación de núcleos familiares y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías. Las personas más que deportadas habrían sido expulsadas sin oportunidad de impugnar su expulsión y muchas veces sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias o pudiéndose llevar solo lo que pudieron cargar sobre sus espaldas.
La impunidad por las violaciones de derechos humanos se ha expandido en Venezuela. De acuerdo a las cifras de la fiscal general, solo el 3% de las quejas formales resultan en que a los sospechosos se les impuso cargos.
NP
