Fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión a un inspector y tres detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, tras admitir haberle exigido dinero a un comerciante a cambio de no vincular a su local con hechos ilícitos.
El hecho ocurrió el 27 de abril en un establecimiento comercial ubicado en Táriba, municipio Cárdenas del estado Táchira.
En la audiencia preliminar, la fiscal 23 de esa jurisdicción andina, Juli Osorio, ratificó la acusación contra el inspector Wilson Alviarez, y los detectives Leonardo Rodríguez, Jonathan Ovalles y Luis Díaz por la comisión de los delitos de concusión y agavillamiento.
Tales tipos penales están previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción, y en el Código Penal.
Luego de la admisión del hecho por parte de los cuatro funcionarios del Cicpc y al analizar los elementos probatorios presentados por la fiscal del caso, el Tribunal 10 de Control de San Cristóbal dicto la referida sentencia condenatoria contra todos, cuya forma de cumplimiento será establecida por un tribunal de ejecución.
Adicionalmente, la mencionada instancia judicial le ordenó la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la pena, así como la prohibición de acercamiento a la víctima.