Extraoficialmente se conoció que habría un teniente detenido, luego de que realizara el allanamiento en la casa de Rosa Gil, administradora de “El Topo”, quien tendría una finca al lado de un importante funcionario de la región en el sector Nuevo Callao

Ricardo Sánchez-Silva | @RicardoLoDice

El viernes 4 de marzo a las 8 pm, *Lucho Suárez (58) empeñaba unas prendas de oro y plata donde una conocida que tiene un molino para pulverizar el material. Necesitaba dinero porque tenía más de 21 días sin poder producir como minero independiente. En cuestión de minutos su celular sonó.

— Parece que al negro lo mataron en la bulla de Atenas —, le dijo su hija mayor. Inmediatamente se dirigió al hospital, pero al llegar no había señal de ninguno de los desaparecidos.

— El estacionamiento (del hospital) estaba full de carros. La gente fue a poner la denuncia al Cicpc y le dijeron que estaban encuartelados, porque ellos son de la misma mafia. Están vendidos. No le hicieron caso a nadie —, afirma Lucho con total firmeza.

Pasaron las horas y pronto se hizo la 1:30 a.m., cuando decidieron que reclamarían a sus familiares a partir de las 6 a.m. de ese sábado 5 de marzo. Allí comenzó el calvario, con el cierre del Troncal 10, que efectivos del Ejército dispersaron cinco días después, luego de que el gobernador del estado Bolívar, amenazara con levantar la protesta.

“El Estado venezolano no ha querido actuar por la fuerza para no generar mayor crispación en la zona. La vía se va a abrir, pero ahora será ya oficialmente con Fiscales del Ministerio Público, órdenes de captura y una cantidad de cosas que no se quería hacer, pero se va a tener que actuar de esa manera, sobre todo porque ya sabemos que quienes están allí son individuos con armas de fuego y no tienen porte”, sentenció Rangel. Un grupo de familiares de las víctimas que se encontraba en el lugar rechazó sus declaraciones. El día siguiente, fueron dispersados, incluso, hubo cuatro detenidos, según informó el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López.

Suárez asevera que no podía trabajar porque apenas salía del dengue y paludismo, pero tampoco contaba con los recursos para trasladarse a “las minas buenas porque un pasaje en avioneta vale 148 mil bolívares”, relata sin temor a decir que por cada viaje podía traer al menos unos cien gramos de oro. En otras palabras, con la grama (que vale 10 puntos) en 30 mil bolívares, eso significaba, por lo menos, 3 millones.

Las avionetas a las que el trabajador de la mina se refiere, despegarían desde el aeropuerto de Tumeremo y trasladarían, según su testimonio, máximo 4 personas.

— Hace cinco meses me trasladé en avioneta, en 15 días ya yo tenía más de 4 millones de bolívares.

Pero la fortuna no le duró mucho y la enfermedad lo atacó.

— Me rebuscaba lavando arena del molino. Una botella de litro y medio de Nestea vale 8 puntos de oro. Si el oro está fundido, tiene mejor precio.

La noticia de que su hijo había sido asesinado, lo impulsó a clamar justicia, además de exigir la entrega del cuerpo de su muchacho de 25 años de edad, quien dejó a dos niños.

“A la Ptj (Actual Cicpc) no la queremos en Tumeremo. No aceptamos que hagan una depuración, sino que la eliminen por completo, porque son unos corruptos. Esa gente está vendida a los delincuentes que controlan el municipio”, afirma Lucho, mientras que dice que “El Topo”, presunto pran detrás de la masacre “tiene más de siete minas controladas en esta zona. Es un colombiano. Ellos cobran vacuna. Todas las zonas del estado Bolívar están controladas por guerrilleros, narcotraficantes y toda vaina.”, afirma el hombre, mientras que dice estar seguro de haber reconocido en un video, unos shorts tipo bermuda que le regaló a su hijo.

— Esos tienen mejores armamentos que el Ejército. Cargan AR-15, tres o cuatro vergas de esas y un poco de bombas guindando.

Atenas: ¿una mina que era libre?

La mina Atenas, ubicada en el sector El Miamo (Tumeremo), municipio Sifontes del estado Bolívar, era de libre explotación. Al menos eso aseguraron testigos que trabajaban en el sitio y que, según explican, podían “dormir con el oro en el pecho” y nadie les hacía nada.

Sin embargo, la versión de que allí mandaba la banda de (a) “El Gordo” aún tiene aristas encontradas. Según se pudo conocer, de fuentes cercanas al presunto pran, Néstor Jesús Ruiz Montilla, José Ángel Ruiz Montilla y José Armando Ruiz (uno de estos dos apodado “Q”), quienes se encuentran en la lista inicial de desaparecidos publicada por el Diputado Américo De Grazia, eran primos del pran.

— El Topo nos quiere someter para ser el dueño de esta mina. Estos muchachos no querían someterse y por eso dicen que era una banda porque están en contra de él. “El Negro Q” o que yo sepa, “El Gordo” no han hecho masacres ¿Usted ha escuchado que han matado a miles y miles? No”, expresó una mujer alterada y con dificultad para hablar, que se encontraba en la tranca del Troncal 10.

De acuerdo al primer testimonio que Ricardo Lo Dice publicó de un sobreviviente de la masacre, quien llegaba a la mina en una moto con un compañero de trabajo y fue testigo cuando asesinaron a este último, El Topo y su gente buscaban a sus adversarios.

— Me secuestraron, me preguntaron si era de los malandros y yo les dije que no, que éramos trabajadores, inocentes de todo lo que estaba pasando. Ellos nos decían, que nos iban a matar a toditos.

Por otra parte, en otra versión que publicó la periodista Pableysa Ostos en el Correo del Caroní, un testigo asegura que “esa mina en sí no le pertenecía a ninguna banda, ellos llegaban ahí era a comprar su porcentaje, pero hasta ahí”.

“Le voy a decir la verdad. Si ese hombre o esas personas que hicieron eso, los hubieran matado y nos los dejan en el mismo sitio, Tumeremo se queda callado. Nos metemos la lengua entre culo. La rabia que da es que no los hemos visto. Los botó como unos perros o los quemó como unos mismos miserables. Estos no son los primeros que él ha matado…”, narró uno de los familiares de las víctimas vinculado a la actividad minera.

Rangel mintió, la versión del testigo inicial se confirmó

En principio, el gobernador del estado Bolívar, Rangel Gómez, publicó a través de su cuenta de Twitter, que la masacre de Tumeremo no existía. “Una vez más politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de Bolívar con falsas informaciones sobre mineros asesinados”, escribió.

“Es absolutamente falsa la información que lamentablemente personajes de la derecha han estado mencionando con relación a veinti tantos muertos, pero se hizo un rastreo recientemente esta tarde y no hay absolutamente nada. Hubo un presunto enfrentamiento entre bandas armadas, pero repito, en el rastreo no se encontró absolutamente nada… ningún cuerpo, que pudiera determinar una situación como la que ellos están anunciando para aterrorizar a la población de Tumeremo”, declaró Rangel en contacto telefónico a Venezolana de Televisión (VTV).

Al caso fueron asignados los fiscales 42º nacional y 5º del segundo circuito del estado Bolívar, Merving Ortega y Marcos Hernández, respectivamente por parte del Ministerio Público (MP), mientras que la Defensoría del Pueblo comisionó cuatro funcionarios. Los primeros iniciaron la recopilación de testimonios, pero cuando se acercaron a la protesta que mantenían los familiares de las víctimas, fueron – en principio – rechazados ¿La razón? Pues, falta de confianza en la institución de esa región particularmente y señalamientos directos de funcionarios policiales como cómplices de la matanza.

Se conoció, de una fuente que estuvo en la Fiscalía de la entidad, que luego de que testigos rindieran declaraciones, los funcionarios designados pidieron que se quedaran por un rato más para leer lo que habían relatado, mientras que llegaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de ellos con un pasamontañas en la cabeza – su rostro podía verse claramente.

— El fiscal le pidió que se quitara el pasamontañas, pero el guardia no quiso. Después, cuando uno de los testigos salió del lugar me dijo que ese hombre se parecía mucho a uno de los que había visto en la mina Atenas—, junto a “El Topo”, quien andaba “cara limpia”, tal como nos reveló en exclusiva el primer sobreviviente que se atrevió a hablar.

A propósito de tal versión, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, desmintió al gobernador de la entidad, al confirmar que, en efecto, las investigaciones llevadas a cabo por una comisión integrada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Caracas, con el refuerzo de otros organismos de seguridad, empezaban a hallar cuerpos en la mina Hoja de Lata, como lo había narrado el primer testigo.

La mentira de Rangel Gómez se caía ante la presión de la prensa independiente y periodistas que llevaron a detalle el caso e informaron datos claves a través de las redes sociales, donde no llega la censura.

La mentira oficial tiene medios con patas cortas

La mentira oficial fue apoyada, desde luego, por el aparato comunicacional que maneja el Estado, que intentó reforzar la idea de que se trataba de una “masacre virtual”, mientras que los familiares de las víctimas pedían que se les entregaran los cuerpos de los mineros y clamaban justicia.

El título “Claves para entender el invento de la masacre virtual de Tumeremo” se lee en la Web de VTV y otros medios oficialistas, que sin sustento alguno, se dedicaron a apoyar al gobernador de la entidad, al vincular directamente al Diputado De Grazia y Andrés Velásquez del partido “La Causa R” con la minería ilegal en la zona e insistir en que ya se habían inventado otras masacres anteriormente.

“No es la primera vez que ocurre una “masacre virtual” en áreas mineras del sur de Venezuela. Ya ocurrió en agosto de 2012 en Irotatheri, donde una ONG local reportó la matanza de 80 integrantes de comunidades yanomamis”, se lee en el texto que también sentencia que el objetivo era “obligar al gobierno” a detener el Arco Minero del Orinoco, “desmoralizar a las FANB” y “homologar a Venezuela con México, a partir de reedición de la masacre de los 43 estudiantes y su posterior desaparición”. Es decir, llevaron al plano político un crimen de lesa humanidad, que no pudo ser ocultado ante los ojos del país y el mundo. Ante todo, los familiares exigían que no se politizara el caso.

Sin embargo, estos medios, han intentado desacreditar la labor que realizamos periodistas independientes al decir que se trata de “propaganda contra el país”, a pesar de que a medida que transcurren los días las versiones de testigos y sobrevivientes se confirman. Con todo en contra, se burló el blackout informativo sobre el caso.

“El Patrón”, ¿lugarteniente de Rangel Gómez?

Lo llaman “El Patrón”, según *Michael Bernal, se trata del General de Brigada, Julio César Fuentes Manzulli, quien fue el Secretario de Seguridad Ciudadana y Comandante del Destacamento “Tomás de Heres” 512 de Infantería (Tumeremo) y la Policía del estado Bolívar (PEB), cargo al que renunció oficialmente en enero de 2014, por sus aspiraciones políticas (diputación).

“Ya en el trajín de sus funciones de jefe policial, en la cual hacia ver permanentemente que ‘el trabajo policía es eminentemente social’, se hacía notable su inclinación ideológica, razonable y natural, si entendemos y advertimos sus niveles de afinidad, identidad y lealtad con el Gobernador Francisco Rangel Gómez, otro militar retirado, quien ha construido un notable e innegable liderazgo en el mundo civil”, publica El Diario de Guayana.

Fuentes Manzulli, quien fue designado como Comisionado en los municipios del Sur de de Bolívar por de Rangel Gómez, tendría “una finca en Nuevo Callao, el sector en el que se han encontrado los cuerpos de las víctimas de la mascare”, dijo Bernal. Sin embargo, no se ha podido confirmar si se trata de un lugar aledaño a la fosa.

— El Topo tiene una finca y su vecino es Fuentes Manzulli. Se llama “Fundo Los Guaica”. Él ha sido el lugarteniente del gobernador. Incluso, aparece en una fotografía con “El Gordo Bayón”, que viajaba en los aviones del gobernador y era el que le hacía las fechorías. Cuando pierden el control de “El Gordo Bayón”, es que lo mandan a liquidar, porque se les había alzado mucho —, aseveró la fuente.

Foto: RunRunes

Foto: RunRunes

El diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), César Ramírez, afirmó que la violencia se incrementó “‘cuando envían a (General Julio César) Fuentes Manzulli al sur, seguido por bandas criminales’, recordando a su vez la relación del Gobierno regional con Yorman Pedro Márquez Rodríguez, alias Gordo Bayón, asesinado en 2014 tras salir del Palacio de Miraflores en donde participaba en las discusiones del contrato colectivo de la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor)”, reseñó el Correo del Caroní.

El mismo diario, luego de un año de la muerte del delincuente, publicó una nota en la que aseguran que Márquez estaba dentro de la lista de trabajadores que viajaron “el 2 de agosto de 2012 en avionetas Beechcraft B200 –siglas YV2452, contratadas por la Gobernación del estado Bolívar. La finalidad: reunirse en Caracas con el entonces vicepresidente de la República, Elías Jaua, para discutir el contrato colectivo de Sidor”. Este era otro “Gordo” distinto al que mencionan en Tumeremo en la actualidad.

CorreoDelCaroní

Un teniente preso tras allanamiento

Según informaciones extraoficiales, se conoció que cuando realizaron el allanamiento a la casa de Rosa Zoraida Gil Salazar (administradora de “El Topo), el 10 de marzo, habrían encontrado pertenencias de un funcionario.

— Inclusive, ellos dicen que no, pero en el lugar cuando se metieron en la residencia de Rosa Gil, consiguieron prendas militares de un teniente de la GNB que está preso. Rosa Gil es la dueña de la Cooperativa Hoja de Lata, la dueña del camión (el volteo implicado) —, dijo un informante, quien prefirió no revelar su nombre por seguridad.

De acuerdo a los datos suministrados por la fuente, es un secreto a voces dentro del pueblo, que Gil le hacía donativos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a través de la cooperativa en cuestión.

— Yo los vi, cuando en un terminal de pasajero estaba un señor con unos aires y le pregunté para quién era. Me dijo: “Es Rosa Gil, que le va a hacer un donativo a la Guardia”. Todo el mundo lo sabe en Tumeremo.

“Dije el día jueves pasado (3 de marzo) en plena Asamblea Nacional, en medio de un debate, que en Tumeremo – casi vaticinando – hay cinco grupos armados, ¡Por Dios! No entiendo cómo es que no se percaten de un hecho como este y no le ponen un correctivo a la materia, cuando los delincuentes tienen nombre y apellido, tienen apodo, saben cómo operan, donde y por qué”, declaró el Diputado Américo De Grazia un día después de que ocurriera la masacre, mientras que insistió en que lo que ocurre en esta población del sur de Bolívar, se debe al a “criminalización de la minería”, que a su juicio, oculta “un gran negocio de las mafias compuestas por los verdes oliva, que no son otros, si usted no me ha entendido todavía, los militares”, concluyó.

*Por motivos de seguridad, los nombres originales de las fuentes se cambiaron, a petición de las mismas.  

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